Sra. Benas.- Señor presidente: sin duda hoy es un día muy importante para las organizaciones ambientalistas y para los que desde hace tiempo venimos trabajando por la sanción de una ley de presupuestos mínimos de protección de nuestros glaciares y de las áreas periglaciales. Es cierto que antes de llegar a esta jornada pasaron muchas cosas. Entre ellas, hubo un veto presidencial, que en realidad fue un veto del lobby minero hacia una propuesta que impulsó una compañera de nuestro bloque, la diputada mandato cumplido Marta Maffei, y que hoy sostenemos quienes con convicción entendemos que con los recursos naturales y estratégicos -como los glaciares- no se pueden hacer negocios. Hoy cada uno de nosotros debe fijar claramente su posición, es decir, si estamos a favor de una ley de protección de los glaciares o si vamos a convalidar la política de exacción y de depredación antinacional que se está llevando adelante en muchas provincias de nuestro país en desmedro de los recursos naturales, pero también de la calidad de vida de nuestros hermanos. Lo cierto es que en este debate son muchas las cuestiones que consideramos. Existe una cantidad de conflictos que no se resuelven solamente con el hecho de aprobar una buena ley. De por sí estamos discutiendo cuál es el modelo de desarrollo de nuestro país. Hemos escuchado argumentación variopinta, donde con la pretensión del desarrollo de alguna provincia que cree estar favorecida por la presencia de minerales en su territorio, se cree con el derecho de contaminar, asfixiar e impedir que el resto de los argentinos podamos acceder a cuestiones tan elementales como el agua de calidad. Debemos tomar posición en esos conflictos. En realidad, estamos definiendo con nuestro voto si acompañamos este intento de resucitación de la ley 26.418, que aprobamos por unanimidad a pesar de que luego fue vetada. Como vamos a tomar una definición muy importante, corresponde que toda la población sepa qué estamos votando para apoyar este proyecto o rechazarlo. Debemos especificar si estamos de acuerdo con seguir con el modelo extractivo, exportador y privatizador que se está desarrollando mediante la presencia de estas empresas mineras en nuestro país o si vamos a promover la sanción de estos proyectos de ley y de una cantidad de normas que nos hacen falta, como por ejemplo la modificación del vergonzoso Código de Minería que hoy tiene vigencia. Debemos saber si vamos a promover un desarrollo sustentable. Cada uno de nosotros debe tomar una posición política en el sentido de si está a favor de la entrega, del saqueo y de la extranjerización de nuestros recursos. Estamos hablando de lo que está por encima y debajo del suelo. Debemos definir si estamos de acuerdo o no con la soberanía nacional y la protección de los recursos que son estratégicos y de todos los argentinos. Con el voto de la norma también debemos definir si estamos de acuerdo con que el agua –como bien de dominio público que es- merece la protección del Estado nacional y corresponde que sea entendida como un derecho humano inalienable para todos y cada uno de los argentinos, independientemente de la provincia que uno habite, o si entendemos que el agua es un insumo para la megaminería, con los suculentos beneficios que esos negocios le reportan. El debate está situado en el plano que debemos situarnos: en la importante toma de decisiones y en la definición de qué país queremos para nosotros y para las futuras generaciones. De todas formas, no podemos obviar que en todo este proceso ya hemos perdido dos años. Estamos hablando de dos años que ganaron aquellos que favorecen los intereses foráneos de estos emprendimientos megamineros. Sin ningún pudor actúan sobre funcionarios provinciales y nacionales, induciéndolos a sancionar leyes vergonzosas como las que se están aprobando en este momento en varias provincias. También promueven la justificación de lo que fue en su momento el veto. Por eso saludo que el senador Filmus haya reflexionado respecto de las implicancias que todo esto tiene, tal vez por el conocimiento que se ha generado luego del debate que se logró instalar en la sociedad. Me parece que el senador entre dos opciones ha elegido la de protección del recurso, en vez de proceder como otros que sostienen la postura de favorecer a las empresas que están depredando el recurso. Antes y después del veto se extendieron los encuentros entre la presidenta, los gobernadores y otros funcionarios con los directivos de la Barrick Gold. En los diarios los vimos sonrientes mientras acá, en nuestro país, se dilataba la discusión y la sanción de una norma que jamás debió haber sido vetada. Lo cierto es que lamentablemente muchos operaron para que la presidenta de la Nación cometiera ese gran error que fue el veto total de una norma que por todos fue reconocida como impecable. Hoy se han pronunciado varios discursos, uno de los cuales me afectó particularmente. Me refiero al diputado Tomas, por San Juan, quien dijo “Le guste a quien le guste, los recursos son nuestros”. Esa expresión me hizo acordar a aquella otra frase poco feliz que dijera Maradona. En realidad, estaba hablando del agua de todos los argentinos. Entonces, que un diputado de la Nación se arrogue en nombre de una provincia o de quien sea –porque aquí estamos representando al pueblo de la Nación Argentina, lo cual no es un detalle menor‑ el derecho de disponer del agua de todos los argentinos en una falsa disputa de si la provincia puede hacer lo que quiera, tal como lo dijo, sobre un recurso que es estratégico, nos remite a varias cuestiones que debemos saldar en este Congreso. Me refiero, por ejemplo, a si es correcto que en la Constitución de 1994 se haya renunciado desde la Nación al dominio de los recursos del suelo y del subsuelo. Creo que este es un debate que también vamos a tener que retomar, porque puede llegar a ser muy tarde cuando esto evolucione en el sentido de la estrategia que han acordado empresas multinacionales con algunos políticos de nuestro país. Hoy, no solamente tenemos grandes problemas que tienen que ver con los glaciares y el agua como un recurso estratégico para el desarrollo sustentable de nuestro país, sino que además existen graves problemas de soberanía nacional. En este sentido, en territorio argentino y también chileno hay instaladas prácticamente sucursales de otros países, o países cuasi soberanos. Además de la cuestión de la minería a cielo abierto contaminante –sobre lo cual no me voy a explayar porque fue profusa la información que aquí se dio y el testimonio que se ha brindado‑, existen otras consecuencias no menores de estas prácticas extractivas y devastadoras. Por ejemplo, tenemos problemas que afectan directamente la vida y subsistencia de nuestra población. Tenemos hermanos aborígenes, pueblos originarios que son desplazados por el funcionamiento de estas actividades. Tenemos una cantidad de hermanos y hermanas que ya no son dueños de la tierra en la que habitan. Asimismo, como decía algún otro diputado, tenemos presencia militar expulsando a los argentinos de nuestro territorio para hacer grandes negocios. Entonces, debemos entender que esta discusión nos habilita a todos a repensar en un cambio de paradigma y no sólo en la falsa discusión de cuántos pesos vamos a obtener para nuestra provincia en desmedro de los intereses nacionales, o si el Riachuelo, o si el Veladero, o si Pascua Lama, o si La Alumbrera, etcétera. Pongámosle los nombres que queramos, pero nada justifica el renunciamiento obsceno que hemos tenido a lo largo de muchos años, con las banderas que enarboló el menemismo, de lo cual muchos diputados que hoy están acá no se hacen cargo. Está claro que todo este proceso se aceleró en función de la modificación de las leyes no sólo mineras sino también de todas las relacionadas con los recursos naturales que se propusieron e impulsaron en la década del 90, y que fueron acompañadas por muchos. Debemos avanzar en un cambio de paradigma que implique sacrificar algunos esquemas que producen crecimiento económico pero no desarrollo. Tenemos que pensar en el desarrollo como una forma de garantizar a nuestra gente una vida mejor, y asegurar salud y justicia a nuestros hermanos y hermanas en lugar de pensar en cuánto dinero se repartirán las empresas y algunos gobiernos, que promueven dentro de sus propias provincias una situación terrible en contra de cualquier criterio de solidaridad. Cuando varios diputados visitamos la provincia de Catamarca para acompañar a la gente de Andalgalá que había sido víctima de una brutal represión, ellos mismos nos decían que era muy difícil que los vecinos los acompañaran en el reclamo porque quienes no viven cerca del emprendimiento minero Bajo de la Alumbrera y no tienen que tomar esa agua, se hacen los distraídos a la hora de recoger las monedas que las regalías les reportan.
Sr. Presidente (Fellner).- Ruego a la señora diputada que vaya redondeando su exposición.
Sra. Benas.- Corremos el riesgo de que lo que discutimos hoy se repita en cada norma de presupuestos mínimos que este Congreso intente sancionar. Los gobiernos provinciales que en dos días sancionaron leyes supuestamente protectoras, en realidad están planteando una estrategia para que cualquier situación tenga que dirimirse después en sede judicial. Van a tratar de imponer leyes provinciales, mientras que nosotros hoy estamos propiciando una ley a nivel nacional. Todos debemos estar alertas a este debate. La burla de las legislaturas provinciales debe plantearnos la convicción de defender el proyecto iniciado por Marta Maffei, los acuerdos logrados con el senador Filmus y lo que vendrá después de la aprobación de esta norma en el Senado de la Nación.
