La semana pasada se anunció el aumento del 60% de la TGI a partir de 2012, ¿cuál es tu posición al respecto?
Lo que se anunció fue que el proyecto del departamento ejecutivo fue aumentarlo, pero esto tiene que ser discutido y tener la mayoría en el Concejo. En este momento el oficialismo, si contamos todo el Frente Progresista, tiene la mitad del Concejo y necesitaría el quórum de alguno más y habitualmente el voto doble del presidente o bien un voto más de alguna otra bancada. Yo entiendo que efectivamente ha habido un proceso inflacionario pero cuando entramos a discutir los montos de los aumentos, el oficialismo parte de la base que en 2008 ellos hicieron una reforma de la TGI en la que supuestamente gravaron más a los de mayor capacidad contributiva y en ese momento dijeron que las propiedades de menor valor directamente no iban a tener ningún aumento. Esto no fue cierto porque simultáneamente aplicaron un desdoblamiento de la tasa que era bimensual, que pasó a ser mensual y aprovechando eso pusieron montos que sumados a lo largo de un bimestre eran mayores para todas las propiedades, incluidas la de los barrios de menores recursos, o sea que hubo un aumento generalizado. Es cierto que se aprobó una propuesta que mejoró algo la progresividad de la TGI, pero esto no significa para nada que sea suficientemente diferenciada la TGI de los barrios de mayor poder contributivo a los de menor. De manera que acaba de entrar el proyecto al Concejo y lo analizaremos para emitir una opinión definitiva.
Estábamos hablando también del posible aumento de los ediles en el Concejo de Rosario que pasaría de 22 a 28, dividido tres en el 2013 y tres en el 2015.
Nosotros nos opusimos en su momento a la Ley Borgonovo y dijimos que era un mecanismo usado por las fuerzas que tradicionalmente que se han alternado el gobierno de la provincia y de la ciudad, el justicialismo por un lado y el radicalismo que luego fue reemplazado por el Frente Progresista, y de esa forma obturar la posibilidad del surgimiento de otras fuerzas políticas que se pudieran desarrollar y eventualmente cambiar este esquema político. Esto es lo mismo que pasa en el país y, por lo tanto, nosotros nos opusimos como una forma más de reducir la representación democrática. Pero a esta situación hay que diferenciarla de las cuestiones presupuestarias. No estamos hablando de gastar más, de hecho cuando se redujo el número de concejales no se gastó menos, se gastó lo mismo porque se rediseñaron los números de manera tal que el gasto total fuera el mismo y se puede perfectamente volver a tener una gasto igual o menor independientemente de que pueda haber más concejales.
O sea que la reducción del gasto era una excusa.
En el 2001, la gente cansada de que tantos años le estuvieran mintiendo y le estuvieran robando de diferentes formas, estalló y saltó como no había una fuerza política alternativa que realmente planteara un cambio en serio. De ese modelo salió la consigna “Que se vayan todos”. Entonces esto fue aprovechado por los mismos vivos que habían creado la situación anterior para reacomodarse. Uno de esos inventos fue el del entonces presidente del Concejo Municipal por el justicialismo, hoy diputado por el PRO, que intentó aprovechar o hacerse “popular” con un acto demagógico, que era reducir la cantidad de empleados del Concejo y generó todo un conflicto que duró meses, que en definitiva no cambió nada de fondo. Y otro intento también de montarse sobre el “Que se vayan todos” surgió del propio reutemismo, donde Ley Borgonovo pretendía aprovechar esa oleada para acentuar todavía más el predominio de las fuerzas políticas que nos habían llevado a esta situación. Entonces, nosotros nos opusimos y por supuesto estamos de acuerdo que esto tienda a retroceder parcialmente, porque esto no lleva al número de concejales que teníamos antes. Yo creo que este debate se mezcla con el de la reforma constitucional y de la autonomía municipal. Nosotros estamos de acuerdo con la autonomía municipal y con que tiene que haber una reforma constitucional para modificar muchos aspectos de la Constitución, que desde el ‘62 ha quedado desactualizada en muchos aspectos. Pero en este tema de la reforma constitucional se van tirando la pelota el justicialismo y el Frente Progresista.
Usted pertenece a la Comisión de Planeamiento Urbano, ¿qué piensa de las cocheras subterráneas?
En realidad primero hubo un proyecto del ejecutivo para considerar muchas cocheras en un solo paquete y ahora por iniciativa de privados se plantea un proyecto de cocheras subterráneas bajo la Plaza San Martín. Para poder mejorar el tránsito en Rosario lo que tenemos que tratar es de desalentar el uso del automóvil, mejorando el transporte público y sobre todo tratar de que los automóviles no vengan al centro. Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, yo no descarto que puedan plantearse otras cocheras subterráneas que tendrían que ver con algo más racional.
¿Cómo viene la colocación de microchips a los caballos de los cartoneros?
Esta mañana en la Comisión de Ecología había algunos proteccionistas que estaban preocupados porque esto estaba demorado. Se avanzó mucho en la zona sur y oeste, pero en la zona norte de la ciudad está muy atrasado el tema que tiene que ver con la escasez de chips, pero hay un seguimiento que se hace desde el Concejo. El presidente de la comisión informó lo que había hablado con la subsecretaria de economía solidaria, que es la que está a cargo de esta área y próximamente va a haber una visita de los concejales al lugar donde se hace la instalación de los chips.
Los taxistas amenazan con un paro si no se concreta el aumento del 12%.
Creo que hay que tener en cuenta tres cosas: tarifas de taxis, remises y transporte público de pasajeros porque se está planteando la posibilidad del aumento en todos estos sectores. Obviamente el más delicado es el transporte urbano de pasajeros, por lo que nosotros hemos propuesto que el estado provincial haga un fondo. Carlos Del Frade, diputado provincial electo, al quien se le está negando la banca, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, proponiendo que el impuesto a los ingresos brutos que paga hoy cualquier pequeño comerciante en la provincia se le imponga nuevamente a las grandes cerealeras, y con eso tener una masa de dinero importante para ser el principal aporte a un fondo compensador provincial de transporte urbano e interurbano que permitiría subsidiar el transporte en la ciudad de Rosario y en otras ciudades de la provincia, de manera de reemplazar el aumento de la tarifa.
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